el optimismo del corazón, digo de la razón

Me traicionó el hecho de que fuera viernes y entonces el papercito lo terminé con un optimismo desmesurado:

La explosión de la desigualdad en la Argentina fue el resultado de muchos factores actuando a distinta velocidad, cuyo resultado combinado para el año 2002 no estaba lejos de ser el peor que podía concebirse. ¿Es posible anticipar en qué sentido influirán esos mismos factores en la desigualdad de los próximos años?

Veamos primero los factores de mayor velocidad. El desempleo y los salarios reales parecen estar todavía hoy del lado malo –en términos de la equidad– del equilibrio. El desempleo puede bajar algún punto más; en cuanto al salario real, la expectativa pública –por ejemplo, la del mercado en sus apuestas sobre inflación y tipo de cambio– es de algún grado de revaluación cambiaria, es decir, de un incremento en el salario real.

En cuando a la apertura económica, el argumento Stolper-Samuelson no es dinámico sino “de una vez”. El costo de la liberalización comercial en términos de equidad –si acertamos en decir que hubo alguno– ya tiene que haber sido pagado.

Los movimientos en la estructura de la oferta de trabajo, por su parte, no parecen haberse agotado. El acceso cada vez mayor a la educación universitaria todavía podría dar lugar a algún incremento en la desigualdad. Se trata de algo así como una curva de Kuznets educativa: cuando la proporción de gente en ese estrato es pequeña, flujos hacia allí aumentan la desigualdad, pero en un punto el impacto es equitativo. Proyectando la tendencia de los últimos años comprobamos que estamos ya muy cerca del tope de esa curva de Kuznets: los incrementos de la desigualdad derivados de una mayor proporción de altamente educados son limitados, y se revertirían en una o dos décadas.

En cuanto a los diferenciales de salarios por calificación, sería aventurado realizar un pronóstico. No puede asumirse sin más que el deterioro relativo de los salarios de las personas menos calificadas –un fenómeno mundial de los últimos treinta años– seguirá en el futuro. De sus determinantes tecnológicos sabemos poco. El impacto de la integración al mundo de los dos grandes de Asia Continental juega sin duda a favor de la desigualdad, pero puede haber otros factores de largo plazo, como el estancamiento demográfico, que lo moderen o lo reviertan.

A la luz de todo esto no es tanto lo que pueda decirse de la política pública. Descartados los atajos a la equidad –cerrar la economía, endeudarse más allá de lo aconsejable– no es obvio cómo mejorar la distribución del ingreso. En el corto plazo, es natural que los esfuerzos se concentren en compensaciones fiscales a los grupos más desfavorecidos. En este sentido, convendrá primero reconocer el sensible y favorable impacto de los Planes Jefes y Jefas de Hogar: según la EPH, la mitad de sus beneficios se concentran en el primer quintil, y un treinta por ciento en el segundo . Superada la crisis, es hora de que el debate sobre la asistencia social deje ser sólo político (como el generado alrededor de la propuesta de Carrió de un ingreso universal) o académico, y se convierta en un debate público y visible. En el evidente trade-off entre cobertura y equidad en el reparto, un programa de subsidio público masivo al consumo de alimentos básicos a través de tarjetas de débito (tal como en la actualidad se practica con los foodstamps norteamericanos) es una posibilidad interesante. En la política tributaria no parece haber margen para ir mucho más allá de una eliminación de las exenciones a las rentas financieras no gravadas y de seguir remontando el camino de una mayor participación de impuestos a las ganancias vis a vis impuestos al consumo.

En cuanto a las políticas de largo plazo, es difícil tomar una posición sin entrar en el terreno de las valoraciones éticas. Si el objetivo final fuera una igualdad concreta de oportunidades, no es posible detenerse en un punto cualquiera en el que los menores de edad no tengan un acceso en igual cantidad y calidad a los bienes que determinarán sus capacidades durante su vida laboral: como mínimo, alimentación, salud y educación. Salvo que se considere una estatización completa, parece difícil obtener esa igualdad real de oportunidades sin contemplar esquemas de subsidio a la demanda que permitan a los pobres elegir estos bienes en la misma calidad que los ricos.